Empecemos aclarando que las protestas nacen del descontento social. Ese descontento está siendo explicado por el sentido común popular de diferentes maneras: falta de inversión pública, lavado cerebral, influjo psíquico, todo les gusta gratis, no se han repartido bien el pastel. Puede elegir la explicación que mas se ajuste a su bolsillo y su clase social. El fondo es el mismo: existe un profundo descontento social en el Ecuador.
La pandemia dejó al mundo entero en crisis. La guerra Rusia – Ucrania profundizó más la crisis. En el Ecuador, en el año 2021, con el inicio de la vacunación masiva, comenzó el retroceso de la pandemia y se esperaba que la reactivación económica suceda de la mano del nuevo gobierno. Lasso asumió la presidencia y, después de un año en el mandato se declaran protestas a nivel nacional. ¿qué pasó con la reactivación económica?
El presidente Lasso dice que no hay motivos para ese descontento social porque ha puesto la casa en orden. Y, de hecho, la reactivación económica ha sucedido para una pequeña porción de la nación. El Banco Central del Ecuador afirma que tuvimos un crecimiento récord de exportaciones no tradicionales en 2021, lo que tiene efectos directos en la recaudación de impuestos y en la generación de empleo. Minería, enlatados de pescado y flores son las industrias principales. En el mismo año nos mantuvimos como el mayor exportador de camarón del mundo y las reservas monetarias internacionales del Ecuador se encuentran en, aproximadamente, 8.130 millones de dólares, otra cifra récord. Las utilidades de los bancos privados del país crecieron un 65%, respecto del año 2020 Entonces, ¿qué sucede?
Durante este año de gobierno hemos visto casa a dentro, fuera de los indicadores económicos, entre otras cosas: falta de suministro médico en hospitales públicos hasta casi inviabilizar su funcionamiento, despido de médicos, recortes en educación, crecimiento de la delincuencia, motines en las cárceles con matanzas atroces, niveles de subempleo altísimos, especulación de precios en los mercados, caos en la emisión de documentos y, en general, decaimiento en la calidad de los servicios públicos. Los argumentos de los manifestantes, que se recogen por medios de comunicación independientes, son las deudas de los campesinos en el campo, la imposibilidad de comer más de una vez al día por el precio de los alimentos, la imposibilidad de acceder a educación por falta de recursos económicos. Si el país está en orden y tuvimos un crecimiento récord, pregunto una vez más ¿cómo explicar el descontento social?
Una pista está en la profunda desigualdad económica que este gobierno ha creado y la crisis de gobernabilidad existente en la Asamblea Nacional. Mientras las industrias exportadoras florecen, la población del país, casa adentro, ha recibido recortes en la inversión pública como estrategia para disminuir el déficit fiscal y por las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional, lo que ha inviabilizado la calidad de vida, trabajo y de acceso a servicios públicos de una grande porción de la población ecuatoriana, sobre todo población rural. El gobierno no ha conseguido aprobar ninguna de las propuestas de ley que ha enviado a la asamblea nacional, mostrando su incapacidad para generar gobernabilidad dentro de la asamblea.
Y ¿qué solución tiene el gobierno para el descontento social actual? Después de cinco días de protestas, realizó una cadena nacional escueta en que acusa de vandalismo y violencia a la protesta social, criminalizándola, y llama al diálogo sin proponer los mecanismos en los que este diálogo se desarrolle. El siguiente día, emite el decreto 455 que es un atentado contra aquello que él fue electo para defender y fortalecer: la democracia (Lasso ganó las elecciones porque “no queríamos ser como Venezuela”). En este decreto se sintetiza una falsa paradoja que se viene imponiendo desde gobiernos anteriores: democracia u orden social.
El decreto (que tuvo su versión borrador y la “corregida”, dos versiones publicadas y firmadas por el presidente) empieza con los considerandos. Entre estos se hace referencia a la soberanía del Estado, a la seguridad que el Estado debe proveer; el libre tránsito como derecho y la libertad de trabajo. Se invoca como deber de los ciudadanos acatar y cumplir las leyes de la autoridad competente, colaborar con la seguridad y menciona la posibilidad de decretar el estado de excepción. Además, coloca los justificativos para el uso de la fuerza por parte de la fuerza pública y, ojo, “LA PRIVACIÓN DEL DERECHO A LA VIDA se encuentra justificada, siempre y cuando dicha privación sea una medida de última ratio para la protección de la vida de otras personas y de los agentes de la fuerza pública (esto fue eliminado, como artículo, de la segunda versión del decreto, pero se mantiene en la sección de considerandos).
Este decreto, básicamente, impone el estado de excepción en tres provincias (aunque se reporta que todo el país está movilizado): Cotopaxi, Pichincha e Imbabura. En estas provincias vive gran parte de población indígena y mantienen su operación grandes industrias exportadoras (sí, de esas que están floreciendo y han tenido un crecimiento récord en 2021) brócoli y floriculturas de exportación y grandes industrias lecheras que producen para el consumo interno, sobre todo en Cotopaxi. Además, en Pichincha se encuentra el Distrito Metropolitano de Quito, lugar histórico y estratégico de ubicación del poder burocrático del Estado y donde, también, se han realizado protestas que han dado como resultado la salida de tres presidentes y se han desestabilizado varios otros gobiernos.
El estado de excepción, con duración de treinta días, permite: establecer el Distrito Metropolitano de Quito como zona de seguridad, es decir, militarizar el control en la capital (mientras escribo esto, allanaron la Casa de la Cultura, lugar con historia de resistencia y que quisieron convertirlo en centro de operaciones militares); suspender el derecho de libre asociación y reunión, la libertad de tránsito (pero se adjunta un sin número de excepciones) de 22hs a 05hs; el uso progresivo de la fuerza y de FUERZA LETAL (podría abrirse toda una discusión sobre la pena de muerte en Ecuador, que no es motivo de este escrito). Además, se notifica la suspensión al derecho de inviolabilidad de domicilio. El gobierno que tiene como slogan “gobierno del encuentro” busca la máxima represión de aquellos que se manifiestan en su contra y usa la fuerza pública para ganar una gobernabilidad que no ha conseguido por la vía política.
Con este decreto el gobierno busca imponer la idea de que la paz y la convivencia social se logran con el uso progresivo de la fuerza y la fuerza letal. Que la garantía del derecho al trabajo se realiza con los militares en las calles. Es trágico pensar las formas diferenciadas en las que el “dejen trabajar” toma sentido en estas protestas. A TODOS LOS ECUATORIANOS NOS INTERESA TRABAJAR pero unos piden que “dejen trabajar” para continuar el crecimiento récord como en 2021 y para los que la declaratoria del estado de excepción es muy conveniente; otros dicen “dejen trabajar” porque si no trabajan ellos o sus pequeñas y medianas empresas no pueden pagar sus cuentas, los servicios básicos, la salud privada, la comida del supermaxi, las tarjetas de crédito; y la mayoría que están poniendo el cuerpo en las protestas piden que el gobierno cree las condiciones para que también puedan trabajar porque la forma en que el gobierno ha logrado el “crecimiento económico” y “cifras récord de crecimiento en el año 2021” ha hecho que sean, prácticamente, inviables las oportunidades económicas de miles de personas y ha dejado a más del 65% de la población en condiciones de empleo inadecuado. El descontento es general pero diferenciado.
Fuente: Facebook: Patricio Pilca.